DEBEN EXISTIR O NO LOS PROGRAMAS SOCIALES

Por: Percy J. Paredes Villarreal

Recientemente en un medio periodístico escrito a nivel Regional, acaba de difundir una información referido a que existiría cerca del 40% de beneficiarios del Programa Pensión 65 son persona empresarias, o que cuenta con un ingreso económico; por lo que, ameritaría no estar incluido en estos programas y a la vez existiría corrupción. Del mismo modo, este diario realizó entrevistas a algunos profesionales, y estos a su vez realizaron las críticas y consideran de suma importancia cerrar dicho programa, como otros que vienen siendo implementados por el gobierno central.

Estos tipos de denuncias obedecen a diversos intereses tanto particulares como políticos, ideológicos y económicos; ya que, se busca desestabilizar las políticas sociales en nuestro país que todavía son recientemente incipiente en comparación al de otros países, que vienen implementándose desde muchos años atrás.

Es importante indicar que las políticas sociales en nuestro país, con este gobierno se han concentrado en un solo ministerio que recientemente han sido creado como es el Ministerio de Inclusión Social (MIDIS) y se vienen articulando con otros sectores e instituciones logrando cumplir metas y objetivos dentro del marco de los “Objetivos del Desarrollo del Milenio”, “El Acuerdo Nacional” y  del “Plan Estratégico Nacional rumbo al Bicentenario”, como es la reducción de la pobreza, la desnutrición y el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población; ya que, esto debe formar parte de las Políticas de Estado y Políticas Públicas, que el Gobierno Central debe implementar.

Del mismo modo, debemos indicar que durante estos últimos 20 años, en nuestro país se han implementado políticas de corte neoliberal, que en todo momento han buscado extinguir y/o reducirlo a su mínima expresión la presencia del Estado, con la finalidad de otorgarle al sector privado todo el poder político, económico y social. Dentro de este enfoque y modelo que se impuso en nuestro país, la pobreza, el desempleo y la desnutrición se incrementaron enormemente; por lo que, en la actualidad ha significado una demanda y necesidad de que las políticas sociales conjuntamente con sus programas sociales deben existir y permitir reducir estos males sociales existentes.

A pesar que nuestro país sigue predominando el mismo modelo de desarrollo, basado en un fuerte modelo primario extractivista exportador, con un alto índice de crecimiento económico, pero también con una elevada situación de pobreza, desocupación, desnutrición; porque el modelo que viene imperando no puede brindar solución a estos problemas. Muchos pensadores de la Derecha Bruta y Achorada (DBA) en nuestra región, considera que los programas sociales manejados por el Estado no van a beneficiar a los sectores pobres; por lo que, ellos apuestan que estos programas deben ser transferido al sector privado como existe en algunos países con un modelo de desarrollo neoliberal, y donde las consecuencias no se dejan esperar, por el contrario han generado un alto índice de exclusión social, y las desigualdades sociales y económicos son muy abismales entre clases sociales.

Del mismo modo, debemos manifestar que para estos neoliberales fracasados, el Estado sigue siendo un obstáculo e impedimento para el desarrollo; por lo que buscan desacreditar y supuestamente demostrar que no sirve para nada, así como también los programas sociales, deben desaparecer porque existe corrupción.

Después del desmantelamiento del Estado por parte de los diversos gobernantes en estos últimos 20 años, donde colocaban a su militancia sin estar preparado;  basado en un “clientelismo político” sin que este tuviera conocimiento, preparación o experiencia; por lo que, esto implico convertirlo en un Estado mediocre e incapaz. En la actualidad, se busca romper con este modelo de ingreso y acceso a las instituciones del  Estado, en particular a los programas sociales; para lo cual, se está  tomando en cuenta la eficiencia y competitividad de los profesionales; uno de esos ejemplos se viene dando a partir de los concursos públicos en los programas como: Juntos, Pensión 65, entre otros, que se vienen realizando en estos últimos meses, para incorporar profesionales a los puestos del Estado; demostrando transparencia. Lo cual, ningún gobernante como el actual, lo hizo en anteriores ocasiones.

Tomando como ejemplo el caso del Programa pensión 65, para el conocimiento de algunos neófitos; este programa recién se viene implementando, para lo cual tiene como base de datos la aplicación del SISFOH (Sistema de focalización de Hogares), que ha sido implementado por los gobiernos locales y posteriormente, por el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática), estos empadronamientos van a permitir la verificación de los nuevos integrantes que se incorporaran a este programa, de esa manera se realizara nuevamente otra depuración. Porque el SISFOH, es una base de datos que va a estar permanentemente actualizándose y a la vez los programas sociales tendrán la información renovándose cada cierto tiempo, hasta que se pueda lograr atender a las familias más vulnerables social y económicamente; que en nuestro país, existe de a montones.

Por lo tanto, producto de las políticas neoliberales que ha traído como consecuencia mucha exclusión social; los programas sociales deben ser una necesidad  de esa manera demostrar que es importante la presencia del Estado en todo el territorio nacional   promoviendo  el Desarrollo y la Inclusión Social en nuestro país.

De esa manera iniciaremos una nueva etapa en nuestro país, donde la inclusión social se convierta en una demanda y necesidad de los sectores que durante mucho tiempo han sido excluidos y ninguneados, por un Estado y una clase política dominante que solamente se acercaba a ellos durante en periodos de campañas electorales y posteriormente, se olvidaban de ellos.

Es hora de pensar que el Perú no es tan solo las zonas urbanas y la costa, también son las zonas andinas y alrededores. Y hacia esos lugares olvidados debe llegar el Estado.