Por: Percy j.
Paredes Villarreal
Todo sistema o modo de producción, para
que sea sostenible a través del tiempo, tiene que contar con un modelo que le
permita darle soporte. Este modelo tiene que articular los diferentes aspectos social,
económico y político, etc., con la finalidad de construir un modelo de sociedad
homogéneo que beneficie a un determinado sector social o clase social; para
ello puede implementarse dentro de regímenes democráticos, dictatoriales o
autoritarios (en estos últimos tiempos se han venido incorporando a una determinada
constitución política); estos modelos no son duraderos, tienen un periodo de
vigencia entrando en crisis, para luego
pasar a otro modelo y así sucesivamente.
A lo largo
del último siglo y el actual, en nuestro país (que estamos próximo a celebrar
su bicentenario) se han venido implementando modelos que en su mayoría han sido
modelos importados de otros países, como también recomendado por organismos
financieros internacionales (como: FMI, BID, BM, etc.); muy pocas veces se han
aplicado modelos que nacieron y surgieron de la propia realidad nacional, como
lo describió en una oportunidad José Carlos Mariátegui.
Estos modelos
han beneficiado a la clase dominante o
empresarial, dejando en total abandono a los sectores medios y bajos,
incrementando las desigualdades, el empobrecimiento y las inequidades sociales,
políticas, económicas y culturales; entre los propios peruanos.
Muchos de los
modelos implementados, han tenido líderes, voceros, representantes, partidos
políticos que han llegado al gobierno en
forma democrática o mediante golpes de estado, adecuándose a los acontecimientos internacionales. Como lo
describió Francis Fukuyama en su libro “El Fin de la Historia…”, donde nos
indica que anteriormente los regímenes democráticos no podían continuar con un
modelo de desarrollo independiente y autónomo, porque eran impedidos mediante “Golpes
de Estado” a cargos de militares; de esa
manera fracasaban los modelos diferentes a los predominantes; ahora a través de
la democracia se pueden diseñar y ejecutar dichos lineamientos programáticos
afines a un sistema político y económico predominante en el mundo.
Asimismo,
podemos mencionar a Samuel Huntington, en su artículo titulado “El precio de la
libertad”, manifiesta que la sostenibilidad de un modelo liberal debe contar
con gobiernos fuertes y autoritarios, de
esa manera controlar y enfrentar a la población que es contraria al modelo
impuesto.
Del mismo
modo, Mario Vargas Llosa en su último libro “Tiempos Recios”, describe
como la CIA generaba “Golpe de Estado” en países cuyos gobiernos
elegidos democráticamente buscaban
construir un desarrollo alternativo al predominante.
Desde hace 30
años atrás, nuestro país no fue ajeno al cambio de modelo que fue impuesto por
Fujimori, ya que veníamos de una gran crisis hiperinflacionaria que nos dejó
Alan García y el Partido Aprista, convirtiéndose en una oportunidad para
implementar el neoliberalismo.
Por lo que
nuestro país se adecuo a los cambios que el mundo comenzó a
girar, fuimos incorporados al modelo neoliberal que predominaba en el mundo;
ello generó un cambio estructural dentro del capitalismo, en los ideológico,
político, económico, social, cultural, etc.
Han pasado
cerca de tres décadas, cuyos resultados positivos que se tuvo en lo inmediato,
beneficiando al sector empresarial recortándoles la satisfacción a las grandes
mayorías que no se beneficiaron socioeconómicos, ni calidad de vida, mucho menos desarrollo humano, generando disparidad y
desigualdades en la distribución de las riquezas. En la actualidad el
modelo neoliberal se encuentra en crisis, cuyos actores y defensores están tratando de resistirse al cambio.
El año pasado
ha quedado demostrado que la reforma política, la lucha contra la pandemia y la
ampliación de la Ley “Climper” por 10 años más, ha profundizado la crisis
estructural que vive nuestro país; llevando a una agonización que amerita cambios
profundos y no reformas, como se viene planteando en estos últimos días.
1. Crisis Política:
Una de los principales problemas
existente es la crisis política que se tiene desde años anteriores, algunos nos hicieron creer que el problema
era de reformar la política mediante el sistema de financiamiento, la paridad,
la alternancia, la separación de candidatos que tengan denuncias en los
ministerios públicos o hayan sido sentenciados, la inmunidad parlamentaria y
otros factores más; cuando ha quedado
demostrado que la democracia representativa está en crisis y no genera
credibilidad ni tampoco confianza en la ciudadanía. Por lo tanto, urge crear un
nuevo modelo de democracia más participativa,
más transparente.
Actualmente
la clase política es mediocre, debido a que los partidos políticos adolecen de
una serie de roles y compromisos como: a) la elaboración de un programa
político, b) cuadros políticos que no
están capacitados, c) políticos que no están en la capacidad de poder debatir y
proponer propuestas alturadas, d) frente a diversos problemas existentes en
nuestro país los partidos políticos no tienen planteamientos concretos.
Los
diversos acontecimientos políticos que hemos vivido y presenciado en el 2020,
pocos han sido los partidos políticos que se han pronunciado; lo han hecho en
forma individual, y no como organización política. Demostrando la falta de
coherencia y debate interno.
Asimismo,
el año pasado hemos visto y observado
conflictos y enfrentamientos entre el legislativo y ejecutivo, demostrando una lucha de interés y control del poder, antes que una discusión por
mejorar la situación política en ambos sectores y los propios protagonistas,
que representan al mismo sector político de derecha. Es decir se antepuso el
interés personal o apetito particular, que los grandes desafíos nacionales.
Esto
se ha podido reflejar desde inicios del gobierno conservador de PPK, que no pudo obtener mayoría en el parlamento
para poder sostenerse como gobierno; ya que la ultraderecha fujimoristas obtuvieron el control absoluto
del parlamento poniéndolo de rodillas a Pedro Pablo, que ante una serie de
denuncias relacionado a supuestos delitos de corrupción tuvo que renunciar. Siendo
reemplazado por su primer vicepresidente, que en un primer momento trató de
acercarse a los seguidores de Keiko en el legislativo, pero al darse cuenta del
interés que buscaban se apartó enfrentándose
directamente al parlamento, llegando al extremo de cerrarlo en los momentos más
confrontacionales y convocando a nuevas elecciones parlamentaria; de esa manera asume un
liderazgo de cambio recibiendo el apoyo de la ciudadanía.
En
un primer momento se veía como un error del presidente Vizcarra no presentar
partido en las elecciones complementarias; pero conforme iba avanzando, se
comenzó a observar cual era la estrategia del gobernante, que también contaba
con antecedentes que fueron denunciados por sus socios con respecto a malos
manejos realizados cuando fue Gobernador Regional de Moquegua.
Eso
llevó a que el nuevo parlamento constituido actuó diferente al anterior,
mediante acciones y medidas superficiales sin ir al fondo de los problemas; siendo catalogado como el más mediocre que el
depuesto. El objetivo del nuevo legislativo fue desestabilizar al gobierno mediante la
aprobación de cuestionables normas; y lo segundo era vacar al gobierno de
Vizcarra. Para ello, buscaron algún pretexto para hacerlo, lográndolo en el
segundo intento sin considerar la normatividad ni la opinión del Tribunal
Constitucional, transgrediendo en todo momento la Constitución Política.
El
golpe del legislativo al ejecutivo, demostró el retorno de la ultraderecha
optando por un apetito e interés
particular de llegar al gobierno nacional para detener los avances hechos en
diversos aspectos como la extinción de las universidades bambas, impedir la lucha contra la corrupción, prorrogar el
proceso electoral que se estaba iniciando, entre otras medidas.
Lo
que nunca pensaron fue la actitud y
decisión de la ciudadanía que se encontraba asqueada de lo que veían, como el comportamiento y actitudes de los
parlamentarios que hacían a nombre de la democracia. El golpe perpetrado por el
Congreso de la República hacia el Ejecutivo, fue un pretexto para que la
ciudadanía expresara su repudio y cuestionamiento a la manera de cómo se
conducía al país y a la corrupción existente en las diversas esferas del
Estado.
Estas
movilizaciones contra el gobierno interino de Manuel Merino, trajeron como
consecuencia la muerte de dos jóvenes por parte de la policía nacional, varios
heridos, la desaparición de algunos estudiantes universitarios que salieron a
protestar, y la violación sexual a una joven por parte de las fuerzas del
orden. Logrando la renuncia de de Merino, eligiendo a Sagasti que en su
discurso de asunción de cargo dijo que se iba a investigar, pero hasta la fecha
no hay nada.
De
esa manera pudimos notar un retroceso por parte de la clase y los partidos
políticos que forman parte del hemiciclo que no tiene criterio, ni tampoco un
horizonte hacia donde direccionar sus objetivos. Sin reconocer ninguna mea
culpa, ni tampoco pedir disculpas por las barbaridades cometidas.
Las
leyes aprobadas por el legislativo, han demostrado que las medidas tomadas son superficiales,
cuando los problemas son de fondo y no de forma; pero a la vez demuestra la
crisis política estructural que venimos observando dentro de este sector.
Por
lo que, se pudo notar y demostrar que la
reforma política debe ser reemplazado por una reforma estructural del Estado,
de la Política, reemplazando el Estado
fallido con uno más democrático, transparente y participativo.
2. La Pandemia demostró la precariedad
de la salud en el país:
A fines del
año 2019, en la provincia de Wuhan China, apareció un virus que en poco tiempo
se expandió por todo el mundo; llegando a nuestro país el 6 de marzo del 2020.
Este problema sanitario conllevo a que el gobierno central dispusiera el día lunes
16 del mismo mes la declaratoria de “Estado de Emergencia Sanitaria” y el
aislamiento de la población en sus hogares, por 15 días; pero conforme iba
avanzando los días se fue incrementando la cantidad de contagiados y fallecidos.
Ampliando la normatividad quincenalmente manteniéndolo hasta la actualidad;
mientras que el asilamiento hasta fines del mes de julio, y la reactivación de
la economía mediante fases.
A nivel
de Sudamérica el gobierno de Vizcarra,
fue uno de los que se adelantó a una serie de medidas y acciones para impedir
el alto índice de contagiados y fallecidos; la realidad demostró lo contrario trayendo graves consecuencias económicas y de
salubridad. De esa manera quedó demostrado que tanto las medidas tomadas por el
ejecutivo, y las acciones realizada por parte del Ministerio de Salud, demostraron
una serie de problemas estructurales que
impidieron controlar el incremento de los contagios y fallecidos, que
actualmente supera el millón de infectados y más de 37 mil fallecidos.
La
falta de atención hospitalaria no fue lo
suficiente; ya que para cerca de 30 millones de peruanos, solamente se tuvo 100
camas UCI y 1,000 camas hospitalarias, conforme iba pasando los días se
comenzaron a incrementar cuya meta en el mediano plazo es contar con 10 mil
camas hospitalarias y 2000 camas UCI. Demostrando una deficiencia hospitalaria
que viene desde hace 30 años periodo del boom económico en el país que nunca se
preocupó por la salud pública.
La
carencia de una estrategia preventiva promocional, llevó a priorizar acciones relacionado
a las atenciones hospitalarias, cerrando los centros de atención primaria
concentrándose en el redoblamiento de la atención en los centros hospitalarios,
cuando debería haberse realizado al contrario. Todo ello implicó que los
nosocomios sean saturado con la presencia de pacientes, que iban ingresando
falleciendo; debido a la falta de personal de salud, de la precaria situación
de la infraestructura, de la falta de medios y materiales tecnológicos, pocas
camas, como también medicamentos (como oxígenos) apropiados para enfrentar al
virus.
Este
proceso de incremento de personas infectadas sin tener conocimiento o haber
recibido alguna orientación y sensibilización en el aspecto preventivo, como: a)
el uso adecuado de la mascarilla, b) el distanciamiento de más de un metro entre
personas, y c) el lavado de las manos
permanentemente; no tuvieron eco en la población, siendo desacatado por la gran
mayoría de los ciudadanos, que no creyeron en la presencia del covid-19. Hasta
que recién pudieron comprobarlo cuando caía contagiado algún familiar, era internado o había fallecido.
A
la vez, la implementación de las pruebas serológicas, que en lugar de pronosticar
una acción preventiva, se convirtió en un engaño, implicando que muchas
personas creyeran que no tenían el contagio pero a los pocos días fallecían por
tener la pandemia.
La
monopolización del oxígeno en los hospitales, por parte de dos empresas
encargadas de abastecerlo trayendo como consecuencia el desabastecimiento en
algunos lugares del país; además del cobro exabrupto de las clínicas privadas encargadas
de atender a pacientes por COVID-19; demostraron la falta de sensibilización
humano, convirtiéndolo en un negocio redondo. Del mismo modo sucedió con la
atención de las clínicas privadas que aprovecharon cobrar excesivamente a las
personas que acudían a realizarse la prueba molecular o rápida, a pesar que el
Ministerio de Salud les realizaba el servicio gratuito.
De
esa manera quedo demostrado que el crecimiento económico que vivimos debería
haber implicado el mejoramiento y modernización de la atención hospitalaria y
sanitaria; por el contrario, hemos presenciado una precariedad en la salud
pública debido a los bajos sueldos y salarios del personal, la falta de
infraestructura hospitalaria adecuada, los instrumentos y herramientas
tecnológicas en decadencia, y lo más importante el desinterés del Estado por la
investigación científica en este sector. Además de otras deficiencias
existentes en este sector; donde el Estado y los diversos gobiernos de turno le
restaron importancia y voluntad en
modernizarlos, recortándole presupuesto.
Por
lo tanto, la situación de la salud pasa por un cambio estructural del sistema
sanitario en el país, y no tan solo por una reforma o unificación de los
sectores públicos y privados de la salud, como se quiere hacernos creer.
3. La crisis económica y su situación
precaria de las familias:
La
crisis sanitaria ha dejado mal parado al crecimiento económico y al modelo de
desarrollo neoliberal, que priorizo las
actividades primario exportador cuyo sector solamente aporta con el 2% al PBI;
mientras que el resto fueron relegados a segundo plano, bajo el argumento que
el Perú es un país netamente minero.
Esta pandemia nos ha dado una radiografía laboral
donde el 70% de la población se dedica a las actividades informales, preferente
en las actividades terciarias y de servicios; impidiendo el incremento y
apertura de actividades en otros
sectores que son la base fundamental para el desarrollo de nuestro país. Por lo
tanto, la población se ha dedicado mayoritariamente a las actividades de
servicios de carácter informal.
Esta situación económica ha permitido la
ampliación de las brechas de desigualdades económicas, donde el Estado
neoliberal ha permitido mantener este distanciamiento social y económico entre
sectores laborales y de producción; cuyas consecuencias en esta coyuntura, lo
está teniendo las medianas y pequeñas empresas que ante la restricción laboral
y económica, y el poco apoyo e incentivo por parte del gobierno central, se han
visto perjudicado cerrando o declarándose en quiebra por culpa de la pandemia.
En esta coyuntura de pandemia, el Estado ha
gestionado el apoyo con 60 millones de soles para los empresarios, mientras que
para la población les ha asignado subvenciones de 750 soles a cerca de 6
millones de jefes de familia. Por lo que, encontramos una diferencia abismal
respecto al apoyo para ambos sectores.
Además, se ha notado la deficiencia en la entrega
de los bonos a las beneficiarias que ha traído como consecuencia el incremento
de los contagios en estos sectores sociales; estas personas acudían a los bancos a retirar
el bono debido a que necesitaban de este incentivo económico para poder
subsistir. Ya que debido al impedimento de realizar actividades laborales
formales e informales, muchas de estas personas realizaban grandes colas sin
tomar en cuenta el distanciamiento y el uso de la mascarilla; contagiándose del
virus.
Durante esta etapa de pandemia, se han recortado
el funcionamiento de los diferentes tipos de actividades laborales, solamente
han seguido funcionando rubros de minería, agroindustria, y servicios como:
mercados, bancarización y farmacias. El resto fue paralizado totalmente por un
determinado tiempo impidiendo su funcionamiento; generando desocupación y recorte
de contratos a muchos trabajadores, que han pasado a convertirse en desocupados.
De esa manera se ha incrementado el desempleo y la
desocupación en nuestro país, implicando
consecuencias insostenibles; por lo tanto, urge reestructurar un modelo
económico alternativo al estractivismo y al primario exportador, posibilitando el sostenimiento económico de
otros sectores que han sido abandonados por los diversos gobiernos y sectores.
Eso pasa por modificar el capítulo económico de
la Constitución Política incorporando la diversificación y ampliación de otros
modelos de gestión empresarial, incluyendo al sector cooperativo o asociativo y
al Estado; considerándolo no tan solo como ente promotor también de generar
empresas dentro de los rubros donde el sector privado no se encuentran
interesado o en capacidad de poder ingresar o reactivar la economía, dentro de
los rubros ausentes por el sector privado.
Y por último es importante indicar la falta de
coherencia entre lo que está en la constitución y lo que se hace. Es decir la
Constitución habla de una presencia importante de la economía social de
mercado, pero en la práctica lo que se ha visto y se viene actuado dentro de un
modelo de economía de mercado. Allí tenemos las funestas consecuencias que
estamos viviendo bajo un modelo que se encuentra en proceso de caducidad.
4. El surgimiento de las luchas
reivindicacioncitas:
Desde los inicios de los 90 del siglo
pasado, los grupos dominantes han venido satanizando las protestas, las marchas
y los cuestionamientos a una serie de actos promovidos por los sectores
sociales contrarios a los actos de
corrupción, explotación y control del poder; estas críticas lo realizan mediante mensajes vinculados al temor, el “terruqueo” y otras
declaraciones cuyo objetivo es
atemorizar a la ciudadanía.
Conforme iba pasando el tiempo el modelo
se volvía más insostenible, debido a las acciones de corrupción y explotación
laboral. El descontento y el temor se fueron perdiendo generando movilizaciones
contra el modelo y los representantes que tienen el control de esta.
A partir de ello, las movilizaciones
sociales, políticas y laborales contra la clase política, la corrupción, y la explotación laboral en
el sector agroindustrial, no se han
dejado esperar; estas protestas han servido para demostrar la precariedad
laboral en que trabajan los peruanos; el enriquecimiento exorbitante de los
empresarios a costa de las deficientes atenciones y la falta de valoración a los que la producen.
Particularmente, encontramos que el
neoliberalismo en el país ha fomentado la concentración de tierras en pocas
manos, expandiéndose abruptamente con el consentimiento de las autoridades que aceptaron, sin considerar la normativa
que impide la creación del latifundismo.
De esa manera hemos podido ver que los
grandes proyectos de irrigación en nuestro país están beneficiando a los propietarios
de grandes extensiones de tierra, perjudicando a los medianos y pequeños
minifundistas, como también a la familia agrícola, que solamente cuenta
con terrenos menores a 1 ha., logrando
subsistir, sin contar con el apoyo o asistencia técnica por parte del Estado para
mejorar su actividad agrícola. Muchos de ellos, han preferido vender sus tierras a los grandes
propietarios.
Paralelo a ello, el Estado les ha brindado
a estos latifundista agrícolas una serie de beneficios económicos, como por
ejemplo la exoneración del pago de impuestos, comparativamente diferente a los
mediano y pequeños agricultores que pocas veces han recibido un apoyo o
asistencia técnica de las instituciones públicas; mientras que los jornaleros
siguen siendo los más perjudicados que han venido trabajando en situación de precariedad
conjuntamente con sueldos pírricos, que ni siquiera cubrían sus principales
necesidades básicas.
Esto ha implicado que este sector obrero
levante su voz de protesta y cuestione este sistema de explotación; alertando a
la clase dominantes que sus trabajadores están despertando de este letargo y
que ahora claman justicia y una vida digna.
La presencia de los latifundios en
diversos territorios, ha demostrado la precariedad de los servicios públicos
que se han venido brindando, como también las disparidades en el desarrollo de
las localidades; generando caos en los diversos aspectos del crecimiento
poblacional y desarrollo urbano.
Además, encontramos la incapacidad del
legislativo de poder dar una nueva ley agraria en beneficio de los
trabajadores, reforzando y fortaleciendo
a la anterior norma y a los grandes
empresarios que en todo momento se han beneficiado de las bondades neoliberales.
Esta nueva normatividad no ha resuelto los
problemas económicos y laborales; ni
tampoco los territoriales y poblacionales.
Por lo tanto, los trabajadores agrícolas siguen en pie de lucha que busca un
mejoramiento de su calidad de vida.
A modo de Conclusión:
Todo ello
demuestra que los problemas descritos no pasan por reformas, sino cambios
estructurales que la ciudadanía está entendiendo y tomando conciencia de la
importancia de una nueva clase política, una nueva Constitución y un nuevo
modelo de desarrollo más humanos, participativo y democrático.
