domingo, 26 de abril de 2020

ENFRENTANDO AL COVID-19 DESDE LOS ESPACIOS LOCALES


Por: Percy J. Paredes Villarreal

A nivel mundial como en nuestro país, venimos viviendo una pandemia que tiene más de 40 días en nuestro territorio; cuyos resultados actualmente es de 15,628 infectados (entre pruebas nucleares y rápidas), 400 fallecidos[1].

Los resultados presentados son  a nivel nacional,  estando distribuidos en los diversos territorios subnacionales; estos espacios están bajo la conducción de un gobierno local, habiendo un puesto o centro de salud público y/o  privados.  En muchos de los casos, ambos sectores no están articulados ni tampoco tienen un trabajo en conjunto; tampoco existe un interés por parte de los gobiernos locales en trabajar en forma conjunta.

El domingo 15 de marzo del presente año, el gobierno central declaro el “Estado de Emergencia” y la “Inamovilidad Social”, paralizando las actividades públicas y privadas; muchos de los gobiernos locales, cerraron sus puertas sin tomar iniciativas para organizarse y trabajar coordinadamente con los puestos o centros de salud, realizando una serie de acciones preventivas promocionales. De esa manera estar preparados para enfrentar al COVID-19-

Podemos decir que, actualmente existe un modelo de liderar y dirigir una gestión municipal, sustentado en el autoritarismo, donde la máxima autoridad local concentra: a) el poder municipal y no local; b) la toma de decisiones lo hace en base a un interés personal y no colectivo, ni mucho menos en torno a un plan de desarrollo; c) las decisiones financieros del gobierno local, no están vinculados a problemas o necesidades del territorio; d) Desoye las opiniones, sugerencias de los otros,  e) ve al personal de una forma utilitaria, f) no articula el trabajo del gobierno local con los diversos actores existentes en la localidad que pueden ser públicos o privadas, g)  no tiene una visión de desarrollo a mediano y largo plazo, es inmediatista, h) es operativos y adolece de un trabajo en equipo; i) concentra todo su esfuerzo e invierte en  cosas domesticas que no generan impacto social ni mejora la calidad de vida, mucho menos el desarrollo humano; j) se hace rodear de personas poco profesional y sumisa; y k) hace todo lo contrario al Plan Operativo Institucional aprobado, modificándolo permanentemente.

Estas características mencionadas arriban, se complementa con la ausencia de políticas públicas locales destinadas al sector salud; ya que la mayoría de los  gobiernos locales en nuestro país no asignan recursos financieros, ni tampoco invierten en este sector. Otros apoyan mínimamente, a las actividades preventivas – promocionales; la gran mayoría  de las municipalidades no incorporan ni incluyen dentro de su POI, PIA, PEI, PDC, temas referido a la salubridad de su territorio.

Es importante indicar que existen territorios donde se  han conformado “Agendas Transectorial”, que vienen a ser: a)  espacios de diálogo y concertación en temas de salud; b) están constituido por diversos actores públicos y privados dentro del territorio; c) elaboran su plan de trabajo anual y están articulados al Plan de Desarrollo Concertado; d) realizan una serie de acciones y actividades vinculados al mejoramiento de la salubridad en el territorio.

Es importante indicar  que los puestos o centros de salud pública, no cuenta con suficiente recursos para poder contar con: a) una buena Infraestructura; b) contar con equipos  quirúrgicos; c)  tener materiales de salud; y d) cubrir los diferentes puestos con  profesionales según su especialidad. Teniendo que ser cubierto por  los gobiernos locales, como sucede en las zonas andinas, donde las municipalidades apoya con recursos económicos para poder cubrir las necesidades de este sector; debido a la falta de presupuesto y a la  existencia de un fuerte centralismo en las capitales de provincia.

Esta crisis y precariedad existente en nuestro país,  producto de la implementación de las políticas neoliberales aplicados desde hace 25 años; se viene reflejando en estos momentos donde algunos centros de salud no puede controlar el desborde de las personas que acuden a solicitar la aplicación de una de las pruebas para saber si dan positivos; y de dar positivo muchos de estos nosocomios no cuentan con camas, ni respiradores mecánicos y/o artificiales. Por lo que, a muchos pacientes los están mandando a su domicilio para que realicen su autoaislamiento o confinamiento.

A pesar de esta cruda realidad en los territorios subnacionales, el gobierno central busca articular las medidas  con los gobiernos locales, donde ha dispuesto lo siguiente:

Primero, entrega de un bono de 760 n.s. dividido en dos partes, para todas las familias vulnerables encontrándose en situación de pobreza y extrema pobreza. Pero la realidad ha demostrado que muchas personas que lo necesitan no han salido seleccionadas; contrariamente a aquellas que no lo necesitan y han sido beneficiadas.

Esto se debe a que las municipalidades cuentan con una unidad local de focalización (ULF) encargadas de empadronar y actualizar cada cierto tiempo los datos referentes a la situación socioeconómica de las familias existentes en su distrito. Lastimosamente, muchas de las municipalidades no han actualizado la información;  ni tampoco las familias han solicitado al gobierno local la actualización de su datos; de esa manera las familias beneficiarias de este bono no han sido las más necesitadas.

Segundo, el gobierno central ha dispuesto  la entrega de una cantidad de dinero a las municipalidades (provinciales y distritales) de todo el país, que son 1,874, para que adquieran víveres comestibles, elaboren canastas alimenticias y entregue a las familias más vulnerables y que no han recibido el bono. Lastimosamente, cerca de 648 municipalidades no han retirado el dinero para realizar las compras y elaborar las canastas y distribuirlos a las personas de su territorio[2].

Producto de esta tarea, existen muchas denuncias de ciudadanos, de la Contraloría General de la República(CGR), y de medios de comunicación hacia los gobiernos locales, como: a) comprar víveres sin tomar en cuenta los procesos de selección; b) comprar víveres a empresas que no pertenecen al rubro de alimentos; c) entrega de productos provenientes de otros programas sociales  reemplazándolo a los víveres por COVID-19; d) entrega de la canasta con bajo precio y peso que no cubre lo señalado en la norma; e) entrega de la canasta de víveres a personas que no son vulnerables y cuentan con recursos, f) entrega a familiares de las autoridades locales; g) poca transparencia en el empadronamiento a las personas beneficiarias de la canasta; h) personas que han sido empadronados y viven en el extranjero. Y así podemos mencionar una serie de errores y/o irregularidades dentro de los gobiernos locales.

Lo más preocupante está en que algunas autoridades ediles, no asumen un liderazgo de organización y conducción para enfrentar la pandemia; ya que, no coordinan ni trabajan articuladamente con otros sectores públicos, como salud y policía, actuando independientemente cada uno de ellos. Dejándolos solos  en esta lucha y batalla contra la pandemia.

Por lo tanto es importante que los gobiernos locales, consideren algunas acciones como:

Ø Los Alcaldes de las municipalidades (Provincial o Distrital), deben convocar a su concejo municipal a una sesión de concejo ordinario o extraordinario, para declarar el “Estado de Emergencia en su territorio”, tomando en cuenta los decretos de urgencias promulgados por el Gobierno Central.

Ø Que mediante acuerdo de concejo se reestructure el presupuesto anual y se destine una partida para enfrentar la pandemia en el distrito; ya que, se viene lo más grave, esperamos que no suceda.

Ø Que los Alcaldes, convoque a los diferentes actores locales de su territorio, jefes de los puestos de Salud del Distrito, llámese MINSA, ESSALUD y/o privadas, Policia Nacional, Juntas Vecinales y Organizaciones Sociales de Base;  conformen un comité, elaboren un plan de contingencia para el distrito.

Ø  Conjuntamente con ellos realicen una visita inopinada a todos los centros de salud existentes en el distrito; verifiquen si existen habitaciones o espacios, para realizar el confinamiento  de aquellas personas que han sido infectadas por el coronavirus; de esa manera sean trasladada en los puestos de salud. Si fuese posible transferir recursos a estos lugares para la adquisición de materiales como Vestimenta, medicamentos, etc.

Ø El Alcalde debe reunirse permanentemente  con los jefes de las Policías Nacionales y miembros de las Fuerzas Armadas de su territorio, para saber cómo va el “Estado de Emergencia”; y  tomar medidas para reducir el alto índice de personas que desacatan el “Estado de Emergencia”.

Ø El Alcalde debe reunirse con los presidentes de las juntas vecinales y las presidentas de los Comités del Vaso de Leche y/o Comedores Populares, para hacer una Verificación de los padrones del SISFOH, elaborar un padrón oficial de beneficiarios que deben recibir la canasta de víveres tomando en cuenta a las personas en condiciones  de pobre, extrema pobreza. Ya que, en su territorio existe un alto índice de personas dedicadas a la actividad informal como: Moto taxistas, trabajadores de campo, trabajadoras independientes, empleadas del hogar, etc. Que en estos momentos no están trabajando. Y ellos son los que estando  en situación precaria.

Ø Mantener informado a la población, mediante la difusión de los comunicados que debe realizar periódicamente la Municipalidad, indicando el número y la cantidad de  personas que desacatan el Estado de Emergencia; el total de  muestras que se vienen tomando para detectar los posibles infectados. Difundir los números telefónicos de los puestos de salud, para aquellas personas que tienen algunos síntomas; socorriéndolo con las movilidades de la municipalidad, la policía y el puesto de salud, y ser atendidos en lo inmediato dentro de un puesto de salud.

Ø Recomendar permanentemente el aislamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas al salir al mercado, a la farmacia o al banco a realizar únicamente alguna actividad concreta y retornar en la brevedad posible a su domicilio. Mediante spots radiales, televisivos, redes sociales, etc.

Ø Darles responsabilidades a los Regidores, por territorio para que ellos se encarguen de monitorear todas las actividades que la comisión de contingencia va a implementar. Como por ejemplo la coordinación con los presidentes de las juntas vecinales, clubs de madres y vaso de leche, en la verificación de los padrones de beneficiarios de la canasta de alimentos y en la implementación de los comedores populares.

Estamos ingresando a la fase cuatro donde el coronavirus está comenzando a posicionarse en los territorios subnacionales. Es hora que la máxima autoridad edil, conjuntamente con su concejo municipal y el gobierno local,  deben comenzar a  liderar y trabajar con los diferentes actores locales, acciones para enfrentar el COVID-19 dentro de su jurisdicción.


[1] Minsa, 19 de abril 2020.
[2][2] Lunes 20 de Abril, diario La República.

domingo, 19 de abril de 2020

EL CORONOVIRUS Y LAS URGENTES REFORMAS DEL ESTADO


Por: Percy J. Paredes Villarreal

Gracias al COVID-19 el gobierno nacional, las instituciones públicas, la clase política y la ciudadanía, nos hemos dado cuenta que las respuestas  a esta pandemia son muy limitadas; demostrando la crisis existente dentro del sector público,   ameritando una reforma radical del Estado en nuestro país.

Una de estas situaciones críticas ha sido la crisis existente en la salubridad; ya que en  estos últimos 25 años de aplicación de políticas neoliberales, que los diferentes gobiernos de turnos, ha implicado el recorte  presupuestal,  restringiendo el servicio de la salud  pública; para darles al  sector privado la hegemonía de liderar y conducir los servicios y especialización de la atención a las personas de las diferentes clases sociales; perjudicando a las personas y familias perteneciente a las  clases medias para abajo.

Esto se ha podido detectar cuando en casi todos los países del mundo, que  han implementado el modelo neoliberal; se han visto desbordado por la cantidad de personas infectadas del COVID-19, que en muchos de los casos no han podido ser atendidos en un determinado centro de salud público. Debido a: 1)  falta de infraestructura para su atención, 2) ausencia de equipamiento adecuado, 3) carencia de pruebas moleculares o rápidas para realizar a los pacientes que acuden al nosocomio, etc.; implicando, por ejemplo, que un ventilador mecánico haya tenido que ser compartido entre dos o tres personas, o en su defecto se ha tenido que priorizar tomando en cuenta la edad o el sexo de la persona enferma.

A la falta de equipamiento se agrega: a)  carencia de habitaciones apropiadas para la atención, carencia de camas,  que en muchos de los casos no se han sentido abastecido para poder atender a los pacientes; b) falta de presupuesto para  los institutos de investigación microbiológicos, que en muchos de los países latinoamericanos no se cuenta ni con personal, recursos financieros, ni equipos tecnológicos; c) además de la falta de personal de salud, y los bajos sueldos que perciben. Por lo que, se viene trabajando en forma preventiva, logrando que la mayoría de las personas infectadas se queden en su domicilio y realicen cuarentena, para que el personal de salud los pueda monitorear.

En algunos casos, los gobiernos nacionales, como en el Perú,   han tenido que asignar más presupuesto al Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales para que realicen algunas adquisiciones como: instrumentos, camas, contratar personal de salud;  en otros casos implementar carpas provisionales para atender a los posibles enfermos que están llegando a los centros de salud; donde la mayoría de estas entidades subnacionales solamente ha invertido menos del 25% del presupuesto asignado.

Además que el gobierno ha tenido que unir a los diversos sectores de salud existente en el país, como: Minsa, Essalud, Salud de la policía, del Ejercito, de la Fuerza Armada, que anteriormente trabajaban independientemente y que ahora lo hacen juntos.

Y es que, el problema de crisis de la salubridad no es coyuntural es estructural; proviene desde los inicios de la etapa republicana. Ya que tanto el capitalismo como los diversos Estados conjuntamente con los gobiernos y los modelos de desarrollo que han implementado le han restado atención a la salud; por lo que, los profesionales de este sector han tenido que realizar muchas estrategias para poder resolver una serie de problemas económicos que carecen los diversos nosocomios en el país.

El segundo problema está relacionado al Sistema de Pensiones, donde las personas  se han visto impedido de realizar sus actividades laborales de una manera cotidiana por la declaración del “Estado de Emergencia” y el “Aislamiento Social”, quedándose en casa hasta que dure la cuarentena.

Desde el año de 1990, en que se implementó el modelo neoliberal en nuestro país, para fortalecer el sistema capitalista; tanto Fujimori conjuntamente con su Ministro de Economía Carlos Boloña Berh, decidieron poner fin al sistema de pensiones existentes en el país que estaba en manos del Estado,  encontrándose en “banca rota”; para darle al empresariado la oportunidad de enriquecimiento mediante la creación y administración  de las pensiones de todos los trabajadores asalariados dependientes e independientes. Para ello, en los primeros años de su creación el gobierno aprobó la ley   obligando a los trabajadores a afiliarse al sector privado, ya que no existía el estatal, acumulando grandes riquezas.

Producto de este modelo de pensiones que fue importado de Chile, y con el beneplácito del gobierno y del empresariado de aquel entonces, muchos de ellos incursionaron en este rublo siéndole muy rentable; ya que, el dinero de los trabajadores, fueron utilizados para realizar inversiones a nivel nacional como internacional, poniendo como garantía las aportaciones de los trabajadores, que en muchos de los casos no fueron considerados dentro de la distribución de las ganancias mucho menos de las utilidades.

A pesar de las críticas a este modelo de pensión privada, ya que existen muchas debilidades perjudiciales a los aportantes, como: a)  altos intereses que se les cobra, b)  falta de  libertad de los aportantes para decidir qué hacer con su dinero (principio fundamental del liberalismo, que no es aplicado por los pensadores liberales y neoliberales peruanos), c) ampliación del tiempo de vida del peruano superando la edad de 100 años y en base a esta característica se le asigna la pensión mensual que recibe un jubilado, llegando a los 120 dólares (450 nuevos soles), entre otras características injusta.  Han seguido funcionando con beneplácito de los gobiernos de turno post fujimorista.

En estos momentos de pandemia, tanto el ejecutivo como el legislativo han puesto la mirada al sistema pensionario, donde el primero consideró que en estos momentos de pandemia, y ante la ausencia de recursos de las familias a dispuesto que solamente las personas que han dejado de aportar más de un año puedan retirar hasta 2,000 nuevos soles de su ahorro pensional; mientras que el segundo, considera que todos los aportantes activos y no activos, puedan retirar el 25% del monto total de sus aportaciones.

Eso ha llevado a que se dé una serie de críticas y cuestionamientos al sistema de Pensiones Privadas y a la falta de un modelo de pensión integral; por lo que, el Presidente de la República critico el sistema de Pensiones existente en el país declarándolo “abusiva y cobrar altos intereses”,  exigiendo una Reforma al Sistema de Pensiones.

El tercer tema, está referido al Rol del Estado para enfrentar la pandemia,  notándose un cambio de conducción de esta; es decir actuar dentro del marco de la “defensa de la vida” antes que el crecimiento económico; notándose la presencia del Estado para apoyar e interesarse en el bienestar de las persona. Algunos lo denominan “populismo”, otros lo consideran “Estado del Bienestar”; siendo contrario al modelo neoliberal  basado en el “ausentismo del Estado”, cuya filosofía sustentado en el individualismo y el pragmatismo ha venido funcionando en estos últimos 25 años,  y que vemos la crisis y precariedad del modelo en estos momentos.

Hemos podido notar que muchas de estas familias  tienen una economía de subsistencia, es decir trabajan para el día a día, en el comercio ambulatorio, en la informalidad, en los servicios, donde ganan para vivir diariamente. Por lo que, sencillamente no cuentan con recursos para poder sobrevivir y quedarse en casa durante el tiempo que dure la cuarentena.

Esto ha implicado a que el gobierno central asigne una ayuda económica a las familias, apoyarles con víveres alimenticios, además de retirar sus CTS, y  parte de  sus pensiones, para aquellos que han venido aportando a una AFP, específicamente. Por lo que, se puede notar la presencia del Estado dentro de esta situación de pandemia, asistiendo a las familias que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerables; generando un gasto social responsable que busque paliar la situación en que  viven los sectores más vulnerables.

Y por último, notamos el cambio de conducción y liderazgo que se viene haciendo desde el poder ejecutivo, donde el  trabajo en equipo, la comunicación permanente entre el gobernante nacional y los ciudadanos, está reflejando un cambio interesante dejando de lado la conducción individualista, el pragmatismo y protagonismo; por el de una comunicación más horizontal, participativo y transparente, que busca recuperar la credibilidad de las autoridades nacionales.

Además de la acentuación de un Estado fuerte en la toma de decisiones y su cumplimiento de esta;  a pesar del desacato de algunos grupos de personas, pero la presión, el castigo y la sanción de estas está permitiendo reducir la cantidad de personas que desobedecen las normas.

Tanto el sistema de pensiones, como el de salud, la Reforma del Estado y de otras carencias que hemos venido viviendo en estos últimos 25 años; está permitiendo y exigiendo un cambio radical en el modelo y en el sistema capitalista predominante en el país. Buscando el mejoramiento de la situación,  garantizando la inclusión social y recortando la desigualdad social, económica, educativa y de salud en el país. Es hora de avanzar a una reforma estructural del Estado que se necesita ya.

martes, 14 de abril de 2020

¿PORQUE NO ACATAMOS EL “AISLAMIENTO SOCIAL”?


Por: Percy J. Paredes Villarreal

Desde el día  domingo 15 de Marzo del presente año,  el Presidente de la República Ing. Martín Vizcarra dispuso el “Estado de Emergencia” y la “inamovilidad social” de las personas en nuestro país para prevenir el contagio acelerado del coronavirus; algunos liberales peruanos, como: Federico Salazar, Jaime Bayli y Mario Vargas Llosa estuvieron en contra de las limitaciones a la libertad de las personas. Mientras que otros como: Juan Carlos Tafur, Aldo Mariátegui y Jaime de Althaus, estuvieron a favor de las medidas.

Para los liberales contrarios a la decisión del gobierno nacional, de restringir la libertad de las personas;  consideran que solamente la persona es responsable de su vida, en este caso de su salud; y si se contagia o contraen la enfermedad  del coronavirus es responsabilidad de cada uno de las personas.

Del mismo modo, consideran que no se debería haber tomado medidas, como: a) aislamiento social, b)  restricción de la movilización social de las personas; c) suspensión de las actividades económicas y laborales; ya que, esto va a traer graves consecuencias en el crecimiento económico y la recesión del país a mediano y largo plazo. Como ha sucedido en otros países que siguen manteniendo la actividad económica; cuyos resultados en el contagio y fallecimiento, se viene incrementando diariamente.

Ideológicamente podemos decir que para los liberales lo importante es el crecimiento económico antes que la vida y la salud de las personas; consideran que el hombre es dependiente de la economía, por lo tanto tiene que trabajar para poder vivir. Además, las personas tienen que aportar a la sostenibilidad del Estado; aunque esta tome medidas en contra de la gran mayoría de las personas, como ha sucedido en nuestro país en estos últimos 25 años.

Frente a esta concepción liberal, la pregunta que le haríamos,  es: ¿Qué hubiese sucedido, si el gobierno central no declaraba el “Estado de Emergencia” y ni el “aislamiento social”, mucho menos la “inmovilización social" en el país?, ¿Qué es lo que está sucediendo en otros países, que no han declarado “cuarentena”, ni tampoco han considerado el aislamiento social; haciendo caso omiso a las recomendaciones de La Organización Mundial de la Salud (OMS)?. La respuesta es muy es sencilla, se hubiese incrementado aceleradamente la cantidad de infectados y fallecidos.

El enfoque del gobierno central se  sustenta en la estrategia denominado “Aplanamiento de la curva”, mediante el uso de los “Martillazos”, cuyo objetivo es evitar el incremento acelerado de personas contagiadas y fallecidas, evitando el contagio masivo de las personas; para ello, se viene priorizando “la vida de las personas, antes que lo económico”.

Asimismo, se ha suspendido las actividades laborales, productivas y económicas; cuyas consecuencias se verá reflejado más adelante en nuestro país como: a) recesión económica, b) quiebre de las empresas medianas y pequeñas, c) despidos masivos de trabajadores, d) recorte presupuestario en el sector público. Por lo que, el Presidente Vizcarra y la Ministra de Economía, han venido manifestando que tienen un plan de reactivación económica, postcoronavirus.

Es importante indicar que en nuestro país el 70%  de la economía laboral, está centrado en  las actividades de servicios, la informalidad, el comercio ambulatorio y el trabajo “día a día”; convirtiéndose en el  sector   más vulnerable propenso a ser contagiados.

Desde el inicio del “Estado de Emergencia”, el gobierno central ha venido dando medidas restrictivas,  como: a) el “aislamiento social” de las personas, en sus domicilios, b) la restricción de  salidas de las personas para  realizar actividades, que no sean  para ir al mercado, a la farmacia y/o al banco.

A pesar de la comunicación permanente que vienen dando las autoridades nacionales, regionales y local, a través de los diferentes medios de comunicación: escrito, radial, televisivo y redes sociales; la población no acata estas medidas restrictivas; por lo que, se ha tenido que disponer medidas de fuerza, castigo y sanciones, hacia los que incumplen.

Por lo que, se vienen realizando  detenciones a personas que salen a la calle sin ningún tipo de motivo; muchos de ellos, no presentan el salvoconducto, que  da la Policía Nacional para poder circular en estos días de “inamovilidad social”.

Según los reportes del ministerio del Interior, indican que desde la declaración de “inamovilidad social” hasta la actualidad van más de 56 mil personas que han sido detenidos por desacato a la norma. Siendo las regiones de Lima y del norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto), las de mayor detención[1].  

Existen diferentes interpretaciones a la falta de acatamiento de las personas a las normas emitidas por el gobierno central; Por lo que, a continuación vamos a plantearnos algunas hipótesis, como:

Primero, el ser humano por naturaleza es reticente al cambio, no acepta la imposición de normas restrictivas; motivo por el cual, el gobierno central tiene que hacer uso de la fuerza para que se cumpla las medidas. Y esto lo vemos en nuestra familia cuando disponemos algunas medidas, siendo  aceptado y lo acatado por unos, como otros que no. Poco a poco, lo van acatando, adecuándose a las normas; es decir, en muchos de los casos se hace uso de la fuerza para que las personas tengan que acatar las normas.

Segundo,  es común que las personas no acaten o rompan las normas; ya que, muchas de  las personas tienen que resolver sus problemas económicos y alimenticio de una manera diaria; es decir  si no trabaja no come. Esto se debe a que  la gran mayoría de  familias, particularmente de los sectores populares, no ahorran ni tienen recursos para afrontar o enfrentar cualquier emergencia.

Tercero, porque las instituciones están en crisis, producto de la corrupción y conflictos de intereses entre los grupos de poder por el control de las instituciones pública; adoleciendo de liderazgo para poder hacer respetar las normas. Por lo que, la población de los sectores populares, no le tiene credibilidad ni tampoco   respeto a las autoridades, mucho menos  a sus decisiones.

Cuarto, porque la educación formal ha dejado de formar ciudadanos con civismo y valores, que respeten a las instituciones y a las normas que se emiten; además que las instituciones vinculadas al sector educacional han hecho poco para que las personas asuman una formación ciudadana y democrática.

Quinto, porque el pragmatismo y el culto al individualismo han fortalecido la mala concepción  de la libre decisión de las personas a hacer lo que se le venga en gana.

Sexto, a veces esperando que le suceda algo malo a las personas cercanas a nosotros, para de esa manera acatar las normas que se nos impone; de lo contrario seguimos haciendo las cosas que mejor nos parezcan a cada uno de nosotros.

Séptimo, existen hábitos y costumbres de las personas basado en la socialización, el compadrazgo, el intercambio; actuando independientemente sin respetar las normas de convivencia.

Para hacer cumplir las medidas que viene tomando el gobierno central, estas tienen que ir acompañado de acciones radicales por parte de las fuerzas del orden (Policía Nacional y Fuerzas) que vienen exigiendo, presionando y sancionando;  para que las personas tengan que acatarlo.

De no hacer presión para que la población cumpla con la cuarentena, el COVID_19 puede ir incrementándose de una manera acelerada, sin poder ser controlado; ya que en estos momentos  nos encontramos en la fase tres donde la pandemia está en la comunidad, el contagio se tiene en la calle.

Puede que la medida sea antiliberal,  recortando y restringiendo la libertad de las personas; porque todavía seguimos siendo una sociedad hibrida, informal, que no respeta las normas ni tampoco es consciente de lo que venimos viviendo en estos momentos. Pero es la única opción que tiene el gobierno para  contener el incremento acelerado de contagio que puede tener nuestro país, trayendo graves consecuencias económicas, sociales, salubridad, posteriormente.

De esa manera se va a poder controlar el coronavirus siempre y cuando respetemos y obedezcamos las disposiciones gubernamentales, como el “quedarnos en casa para evitar el contagio”.


[1] Diario El Comercio, 08 de Abril del 2020.